El motín del penal de Cadereyta, con 16 reos asesinados dentro de sus instalaciones durante este conflicto, más 8 heridos, se suma a la lista de escándalos que muestran el caos y la corrupción de nuestro sistema carcelario.
Si además sumamos los motines anteriores, como el de junio de este año en Topo Chico y el registrado en febrero de 2016, donde perdieron la vida 49 internos y 34 fueron hospitalizados, nos confirma que nuestro sistema carcelario es tierra sin ley.
A través de un repaso de hechos sangrientos acontecidos solamente en los últimos seis años, debe quedar claro que ha faltado voluntad para resolver esta problemática, que no puede solucionarse de modo simplista mandando a los reclusos a las calles, confiando en que se “portarán bien”, como es el espíritu que prevalece en el nuevo Sistema Penal Acusatorio.
1. El 11 de enero del 2011, en el Penal de Gómez Palacio, Durango, hubo un saldo de 11 muertos. Este motín se derivó del asesinato de dos abogadas que trabajan en el reclusorio.
2. El 25 de julio del 2011, en la cárcel municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, 27 presos perdieron la vida y 20 resultaron heridos.
3. El 15 de octubre del 2011, en el Cedes de Matamoros, Tamaulipas, fallecieron 20 internos y 12 quedaron lesionados
4. El 5 de enero del 2012 le tocó al Cedes de Altamira, Tamaulipas, ser el escenario donde fallecieron 31 reclusos y trece quedaron seriamente lastimados.
5. A su vez, el 19 de febrero del 2012 hubo otro motín en el Cereso de Apodaca, Nuevo León, con el resultado de 44 fallecidos y treinta presos que se fugaron.
6. El 18 de diciembre del 2012, durante el motín en el Penal de Gomez Palacio, Durango, murieron 15 presos y 9 guardias.
7. El 27 abril del 2013, en el Penal de La Pila, San Luis Potosí, un enfrentamiento entre reclusos registró 13 muertos y 65 heridos.
8. El 3 de enero del 2014, en el Cereso de Iguala, Guerrero, nueve personas murieron.
9. El 11 de febrero del 2016, en Topo Chico, Nuevo León, se generó una matanza con el resultado de 49 muertos y 12 heridos.
10. El 10 de octubre 2017, el motín del penal de Cadereyta dejó 16 reos asesinados y 8 heridos.
Consideremos que un penal es un espacio cerrado que debe estar estrechamente vigilado con circuito de TV y vigilancia continua. Por tanto, esto permite inferir que si no existe control y disciplina en las cárceles, es porque no se están asignando los recursos económicos suficientes para su operación.
Además, el relajamiento de la disciplina pone en evidencia componendas entre la administración del penal y celadores y por otra parte, los reclusos.
Múltiples reportajes a lo largo de los años han mostrado las concesiones y negocios que ahí operan y que generan beneficios a quienes administran cada penal. Sin embargo, todo sigue igual. No hay acciones para rescatar el orden.
Los internos y sus familias son los consumidores cautivos en un ambiente donde por todo se paga, incluyendo por protección, en el lugar que debiese ser el más seguro del país.
Los intereses económicos florecen seguramente en el caos interno y la corrupción estimula la rentabilidad.
Lo peor, es que gran número de los delitos que lastiman a la sociedad son organizados y coordinados dentro de los penales, por delincuentes que ya están encarcelados pero tienen la capacidad de operar conjuntamente con sus cómplices que están en libertad. Todo ello con la complicidad de las autoridades carcelarias que les permiten tener teléfonos celulares con los cuales pueden realizar extorsiones telefónicas, chantajes, secuestros virtuales e incluso negociar con los familiares secuestros físicos.
Quienes están en libertad realizan la operación y el cautiverio y la negociación se realiza desde un penal.
¿Por qué en las penitenciarías no operan los sistemas que bloquean las señales de los celulares?. Mientras no se resuelva este problema, el caos, desorden y corrupción no solamente seguirá lastimando a los mismos reclusos, sino que también seguirá manifestándose como espejo en delitos que impactan a la ciudadanía porque se coordinan dentro de los mismos reclusorios.
Es el momento de exigir que el Congreso destine recursos suficientes para que a través de tecnología se mantenga una vigilancia estricta y continua sobre la vida cotidiana de los penales. Además, se debiese entregar la operación absoluta de los reclusorios a las Fuerzas Armadas, que hoy siguen siendo las instituciones más honorables, disciplinadas y confiables con las que contamos en nuestro país.
¿Usted cómo lo ve?
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