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| Ivonne Saviñon |
Broma: las declaraciones de los partidos políticos solicitando a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación que realicen los filtros e investigaciones a los candidatos para evitar que estén ligados al narco.
Burla: los partidos políticos nacionales disponen este año de cuatro mil 31 millones de pesos, de los cuales tres mil 838.5 millones de pesos corresponden a gasto ordinario, según cifras del Instituto Nacional Electoral .
Malos hábitos: la justificación de los partidos políticos ante los ciudadanos con “soluciones” que no son verdaderas. La realidad es que la ciudadanía otorga parte de sus impuestos, a fin de que estos lleven a las urnas candidatos responsables, leales y comprometidos con el bien común y el Estado de derecho.
Casos recientes como el de la ex diputada Lucero Guadalupe Sánchez López, acusada de estar vinculada a “El Chapo Guzmán” o el de José Luis Abarca ex Alcalde de Iguala presunto culpable de la desaparición de los 43 normalistas han sido la razón por la cual ahora los partidos exigen claridad o justificación para evitar llevar a un puesto público un ciudadano infiltrado en el narco.
La pregunta al aire es: ¿en qué se utiliza el dinero del erario que les otorgan anualmente? Parece una declaración de mal gusto querer darle responsabilidades a terceros, cuando verdaderamente los responsables son ellos mismos, ya que escogen a sus candidatos y los apoyan durante sus campañas y son quien más los conoce, o en ¿qué basan su selección?, ¿cuál es el proceso y filtros que realizan para llevar a cabo dicha elección?
Un examen de conciencia para cada partido, sin declaraciones públicas o exigencias debería de ser: ¿Qué candidatos quieren para su partido?, ¿qué ciudadanos quieren para gobernar y administrar nuestro país?, ¿se busca el bien común o el individual?, ¿se juega con estadísticas y números para buscar el candidato ideal?
Las declaraciones y acusaciones entre estos líderes son varias y siempre con culpables. Pero todo se resume en una solución que nadie quiere encontrar ya que sería morder la mano que les da de comer: las famosas leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción y el nombramiento del Fiscal Anticorrupción por el Senado enviado por el Presidente de la República, que continúan como un pendiente donde a toda la clase política parece importarle, pero a la vez nadie está abocado en dicha responsabilidad.
Sarcasmo: el que se lleva la ciudadanía al darse cuenta que quien nombra al vigilante de la corrupción es impuesto por quien mismo la domina. Ejemplo real: Virgilio Andrade, Secretario de Función Pública de nuestro querido México.
