El secuestro y asesinato de la doctora Jessica Sevilla, en el Estado de México, deja una inquietud que es un reclamo recurrente de los familiares de quienes son víctimas de secuestro o desaparición forzada: el tortuguismo de las corporaciones policiacas y agencias del ministerio público cuando se presenta una denuncia.
La familia de Jessica reclama que al presentar en el municipio de Lerma, Edomex, la desaparición de esta doctora, no encontraron en las autoridades interés en solucionar el problema.
A Jessica se le vio con vida en la gasolinera del pueblo de San Antonio, en el municipio de Xonacatlán, en el Estado de México, para luego ser encontrada al día siguiente decapitada en Huixquilucan, el sábado cinco de agosto.
Esta lentitud de los funcionarios durante los momentos críticos que pueden representar la oportunidad de encontrar con vida a la víctima, refleja desinterés y falta de compromiso con la ciudadanía. Además, significa irresponsabilidad.
Mientras no se legisle como un delito grave la pasividad de los funcionarios cuando reciben una denuncia, seguiremos teniendo noticias de víctimas que podrían haberse salvado si se hubiese actuado a tiempo.
Es grave que se haya perdido la capacidad de asombro y esto se refleje en burocratismo.
La costumbre de esperar 72 horas después de la desaparición de una persona, supuestamente para cerciorarse de que no hubo una desaparición intencional y por propia voluntad, ya sea por huir de un problema, o por huir con el novio o pareja, u otra razón, no se justifica de ningún modo.
Sin embargo, hay una competencia entre las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México por mostrar estadísticas que exhiben unos cuantos puntos de descenso en el índice delictivo.
La realidad es que para hablar de delitos las estadísticas son irrelevantes, pues quienes quedan dentro del reporte en calidad de víctimas viven una experiencia traumática. Es más, es una falta de respeto para las víctimas el minimizar su drama hablando de cifras triunfalistas que muestran un ligero descenso en algún tipo de delitos.
Utilizar como promoción de funcionarios y gobiernos estadísticas en materia de violencia y delitos denota insensibilidad porque convierten en un dato, una tragedia vivida por un ser humano.
Debiésemos exigir los ciudadanos que se eliminen los guaruras y camionetas blindadas que hoy utilizan los funcionarios públicos y sus familias, pues son con cargo a nuestros impuestos. Sólo así ellos sentirían el temor del ciudadano típico que está indefenso ante los delincuentes.
Cuando se vive en el olimpo del poder, lejos de los riesgos mundanales, la percepción de la realidad es muy diferente a cuando se tiene la experiencia de ser ciudadano común y vulnerable a los riesgos.
¿Usted cómo lo ve?
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