PESOS Y CONTRAPESOS
Cualquier política económica debe valorarse desde el punto de vista de la ética (¿respeta los derechos de las personas?), y de la economía (¿contribuye a elevar su bienestar?).
Típica política económica son las medidas que los gobiernos utilizan para prohibir o limitar el intercambio comercial entre personas de distinta nacionalidad, el mal llamado comercio internacional. Y escribo “mal llamado” porque las naciones no comercian entre sí. Quienes lo hacen son personas de distinta nacionalidad, y lo que importa es el intercambio comercial, no la nacionalidad de quienes intercambian.
El verdadero libre comercio supone normas jurídicas que permiten que sean los consumidores, comprando o no, quienes determinen el monto (cuánto) y la composición (qué) de las importaciones, sin intervención del gobierno. Ello es ético porque el gobierno respeta el derecho de las personas a la libertad para comprar lo que les dé la gana (productos nacionales o extranjeros), a quien les dé la gana (oferentes nacionales o extranjeros), en donde les dé la gana (en el país o en el extranjero). Además es económico porque las importaciones aumentan la cantidad, calidad y variedad de los bienes ofrecidos en el país, condición necesaria para elevar el bienestar.
Los aranceles, impuestos que gravan importaciones, no prohíben, pero sí limitan, dado que su efecto es el alza en el precio del producto importado, el acceso de los consumidores nacionales a dichos bienes, lo cual reduce sus posibilidades de mejora: a mayor precio menor bienestar. Cualquier medida de política económica (y los aranceles lo son), que ocasione el alza de precios es antieconómica, debiendo evitarse, tal y como debe evitarse que el gobierno mexicano responda, a la imposición de aranceles a exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos, con la imposición de aranceles a las importaciones estadounidenses hacia México. Ello limitaría el acceso de los consumidores mexicanos a esos productos, reduciendo sus posibilidades de un mayor bienestar.
Lo anterior viene a cuento porque hace unos días realicé un sondeo vía Twitter con esta pregunta: “¿Si el gobierno de EUA impone aranceles a la importación de productos mexicanos el gobierno mexicano debe imponerlos a la importación de productos estadounidenses?” Recibí 646 respuestas: 53 por ciento opinó que sí, 41 que no, 6 que no sabe. ¿A quiénes les conviene que el gobierno mexicano imponga aranceles a las importaciones? A los productores que en México compiten con esas importaciones, que los obligan a volverse más productivos (capaces de hacer más con menos), para volverse más competitivos (capaces de ofrecer lo que producen a menor precio y/o con mayor calidad y/o con mejor servicio), en beneficio de los consumidores. El 53 por ciento que respondió que sí, ¿forma parte de ese grupo? Porque si no, y por el contrario son consumidores, lo que piden es que les pongan la soga al cuello.
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