En abril de 2020 la inflación anual fue 2.15 por ciento, la segunda más baja desde que, a partir de 1970, se lleva el actual registro. La menor fue la de diciembre de 2015, 2.13. En junio pasado fue 7.99, la segunda mayor en lo que va del siglo XXI. La mayor se registró en enero del 2001, 8.11.
La inflación, definida como el alza en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, una de dos: o es ocasionada o es permitida por los bancos centrales, como lo he explicado en más de una ocasión en estos Pesos y Contrapesos, banco central que en nuestro caso es el Banco de México, cuyo “objetivo prioritario será (como se lee en el artículo 28 de la Constitución), procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional”, lo cual quiere decir, tema por demás cuestionable, una inflación del tres por ciento, más menos un punto porcentual de margen de error.
El que la inflación sea ocasionada o permitida por los bancos centrales no quiere decir que los gobiernos no puedan, y de hecho deban, hacer ciertas cosas para combatir las presiones inflacionarias, para lo cual se requiere que la oferta de bienes y servicios crezca lo más posible para que sea la mayor posible, oferta que puede ser de bienes y servicios producidos en el país y de mercancías importadas de otras naciones.
Lograr la mayor producción posible de bienes y servicios en el país depende de las inversiones directas, que se destinan precisamente a dicha producción, que dependen de las confianza de los empresarios para invertir directamente en el país, confianza que depende de que el gobierno garantice el Estado de Derecho, que es el gobierno de las leyes justas.
Conseguir la mayor importación posible de mercancías depende de que en el país se tenga verdadero libre comercio, que se tiene cuando son los consumidores, comprando o dejando de comprar, quienes determinan, sin ninguna intervención del gobierno, la composición (el qué), y el monto (el cuánto), de las importaciones. Sin ninguna intervención del gobierno quiere decir sin ninguna prohibición, sin ningún obstáculo, sin ningún lastre impuesto por el gobierno, como lo son, por ejemplo, los aranceles, impuestos con los que el gobierno grava las importaciones, encareciéndolas y ocasionando presiones inflacionarias.
Si el gobierno quiere ayudar en la lucha contra la inflación lo que tiene que hacer es recobrar la confianza de los empresarios, para que directamente inviertan más (el nivel de inversiones directas en abril, según el INEGI, fue similar al de diciembre de 2013, y debería de estar, mes tras mes, en máximo históricos), y eliminar total y definitivamente (como ya lo hizo parcial y temporalmente con el PACIC), los aranceles (el arancel promedio ponderado, según el SNICE, de la economía mexicana es 4.9 por ciento, y debería ser cero).
Al margen del efecto que lo propuesto tendría sobre la inflación, inflación o no inflación, todo gobierno debe garantizar el Estado de Derecho, que es el gobierno de las leyes justas, que son las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas, Estado de Derecho que en México deja mucho que desear, como lo vimos en uno de los últimos Pesos y Contrapesos (véase: https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/mal-peor-pesimo-489442).
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10 de julio de 2022
