La tarea esencial del gobierno, a la que no puede renunciar sin dejar de serlo, es la impartición de justicia, que procede cuando falta la práctica de la justicia.
La justicia, según Ulpiano, es la constante y perenne voluntad de darle a cada quien lo suyo, siendo lo suyo de cada quien el derecho de cada cual, por lo que la justicia es la virtud por la cual respetamos los derechos de los demás, resultado de la práctica de la justicia.
¿Qué procede cuando alguien no practica la justicia, cuando viola derechos: asesina (viola el derecho a la vida), secuestra (viola el derecho a la libertad), roba (viola el derecho a la propiedad)? Lo que procede es la impartición de justicia, en sus dos vertientes: castigar al delincuente y obligarlo a resarcir, tareas que le corresponden al gobierno.
Los ciudadanos debemos, respetando los derechos de los demás, practicar la justicia. El gobierno debe, castigando al delincuente y obligándolo a resarcir a la víctima, impartir justicia, lo cual implica estas tareas: prohibir que se violen derechos; prevenir, hasta donde es posible, que se violen; castigar a quien los viole; obligarlo a resarcir. La impartición de justicia es la justificación del cobro de impuestos, justificación que se debilita al momento en el que el gobierno es incapaz de garantizar el respeto de todos los derechos, de todos, todo el tiempo, e incapaz de impartir justicia, todo el tiempo, a todos. No hay gobierno, por más honestos y eficaces que sean los gobernantes, que lo consiga, por lo que no hay gobierno que justifique, plenamente, el cobro de impuestos. Dada esta incapacidad de los gobiernos es que todos son, en mayor o menor medida, gobiernos fallidos, sin legitimidad para cobrar impuestos.
En el caso de los gobiernos mexicano (los anteriores, el de la 4T, y los que vendrán), la muestra más clara de que se trata de gobiernos fallidos, la tenemos en el hecho de que son incapaces de imponer sus reglas en los territorios que, supuestamente, tienen total y definitivamente bajo control: las cárceles.
Según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2022, con datos del 2021, del INEGI, “al cierre de 2021, se reportó que las personas privadas de la libertad/internadas cometieron en total 342 272 delitos, 315 460 (92.2%) correspondió al ámbito estatal y 26 812 (7.8%) al federal. Del total de delitos, 323 616 (94.5%) fueron cometidos por hombres y 18 656 (5.5%), por mujeres. En comparación con 2020, el total de delitos que fueron cometidos por la población privada de la libertad/internada aumentó 16.2% en 2021”.
Si el gobierno, ya sea federal, ya estatal, es incapaz de evitar la comisión de delitos, la violación de derechos, dentro de las cárceles, donde tiene el mayor control posible sobre las personas, ¿qué nos hace creer que conseguirá garantizar derechos en el resto del territorio nacional? ¿De qué delitos se trata? Homicidio; violación; secuestro, robo; contra la salud, relacionados con drogas; en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos. ¡Dentro de las cárceles!
La mejor muestra del gobierno fallido la tenemos en las cárceles, restando responder la pregunta ¿por qué? ¿Por deshonestidad de las autoridades carcelarias? ¿Por ineficacia? ¿Por una combinación de ambas? ¿Por qué?
