Quien gane la elección, se habrá sacado la rifa del tigre. Habrá cumplido su sueño de gobernar el país, pero recibirá una nación emproblemada social y políticamente.
Se ha puesto de moda etiquetar de populista a un candidato, que sin duda se ha ganado el adjetivo. Sin embargo, todos los gobiernos que hemos tenido han sido populistas sin excepción y ello ha generado hoy un estado de ánimo social que nadie podrá negar. Desconfianza e incredulidad en un segmento de la población y expectativas en otro, pues prevalecen “las ganas de creer” cuando se piensa que habrá un cambio
Ha habido abuso de la retórica populista, pues se dice a la gente lo que quiere oir, aunque esto signifique prometer lo incumplible, maquillar la realidad, dar respuestas simplistas sustentadas en ocurrencias y llenar de frases emocionales y buenos deseos los discursos.
Ya lo hemos dicho, el escenario del país será adverso gane quien gane la presidencia de la república.
Si gana “ya sabemos quien”, el problema vendrá después de la popular “luna de miel”, cuando la realidad se imponga y el nuevo presidente no pueda actuar como Aladino cumpliendo deseos a diestra y siniestra, pues tendrá las restricciones que impone una economía globalizada, interconectada y vigilante desde el exterior sobre un país con liderazgo económico, como lo es México.
Este ánimo de decepción que pudiera transformarse en un sentimiento de traición, podría darse quizá en el segundo semestre del 2019.
Si ganase otro de los candidatos y no el puntero de las encuestas, los problemas empezarán unos días después de la elección, cuando los seguidores de “ya sabemos quien”, supuestamente argumenten un fraude electoral.
Sin embargo, sea cual fuere de estos dos escenarios el que nos toque vivir: ya sea el del 2919 o el del 2018, un riesgo latente, del que nunca se habla, puede representar nuestra peor pesadilla.
¿Qué sucedería si el descontento popular fuese tripulado por el crimen organizado, capitalizando en su beneficio la gran fuerza de la opinión pública, que no sabría ni quien está detrás atizando la hoguera?.
Para manipular hoy un fenómeno social o político se requieren dos elementos: grandes recursos económicos y una gran capacidad de organización. El crimen organizado tiene ambos. Sólo tendrían que cooptar a algunos lidercillos políticos muy ambiciosos y sin escrúpulos, que tengan imagen mediática, para que den la cara ante la sociedad y generen la percepción pública de un fenómeno totalmente ciudadano.
Esto ha estado sucediendo en poblados de las zonas conflictivas dominadas por el crimen organizado. Por ello de vez en cuando descubrimos a través de los noticieros de televisión que en algún municipio algún cartel financió una campaña política de un alcalde y a cambio negoció poner a alguien de los suyos en el cargo de seguridad pública, para así tener controlada a la policía y ponerla a su servicio.
También que negociaron el otorgamiento de obras y servicios públicos municipales a favor de empresas propias, que quizá aparecen con prestanombres.
¿Qué significaría esta macabra posibilidad que aquí se plantea?. Podríamos decir que casi sería un modelo de narcoestado, donde los gobernantes estén a merced de los caprichos e intereses del crimen organizado, recibiendo instrucciones.
Hoy tenemos grandes áreas de vulnerabilidad institucional que representan graves riesgos.
Debiésemos comenzar destacando que debido a abusos en el ámbito de los derechos humanos, en el inconsciente colectivo existe animadversión en contra de las autoridades policiales y del ámbito de seguridad, así como de generación de justicia. En general el mexicano está en contra en contra de cualquier autoridad. Lo grave es que hoy ya les ha perdido el respeto.
Es fácil manipular a la opinión pública en contra del uso legítimo de la fuerza pública, detonando estos mecanismos inconscientes, caracterizados por el resentimiento y la desconfianza.
Sólo basta decir la palabra mágica “represión”, para generar todo un fenómeno de opinión pública en contra de cualquier intento de imponer orden. Esto genera un ámbito de vulnerabilidad institucional que se vuelve en contra de la propia ciudadanía, que queda desprotegida ante el crimen organizado.
Con el uso de ciertos conceptos idiomáticos se detonan mecanismos inconscientes que inhiben el “estado de derecho” y permiten manipular a la opinión pública.
Todos tendemos a suponer que detrás de las movilizaciones callejeras y el activismo en redes sociales hay un ejercicio ciudadano transparente y espontáneo, que nace de modo natural como respuesta a problemáticas sociales y políticas.
Sin embargo, con un poco de malicia y teniendo los recursos de análisis, descubrimos que hoy sucede todo lo contrario. Todas las conductas públicas están manipuladas por profesionales. Desde textos de Whatsapp supuestamente generados por ciudadanos comunes, hasta memes que desprestigian a enemigos, supuestos movimientos de recolección de firmas, hasta manifestaciones callejeras. Detrás de esto hoy hay un profesional que tiene intereses personales o de grupo.
Vemos también que cuando surge un fenómeno espontáneo, auténticamente ciudadano, siempre termina siendo cooptado por intereses oscuros que toman control de él y lo manipulan y redireccionan a favor de sus intereses particulares.
Es el candor ciudadano de la “gente de bien”, de personas bien intencionadas y honestas, lo que abre la oportunidad a profesionales de la manipulación. El peligro en el caso concreto de nuestro país sería que detrás de estas manifestaciones empiece a inmiscuirse el crimen organizado para desestabilizar a gobiernos legítimos y tomar ellos el control.
Este escenario macabro es el resultado del abuso lingüístico de la clase política durante los últimos años, principalmente con fines electorales, así como de la manipulación de las expectativas de los mexicanos en posición vulnerable, a quienes se les promete lo imposible de cumplir.
¿Qué debemos hacer para que este peligroso escenario no suceda?.
Definitivamente blindar a nuestras instituciones, empezando por retomar la Ley de Seguridad Interior, ya aprobada en diciembre del 2017, pero no instrumentada aún y perfeccionarla para que proteja y garantice los derechos humanos, pero que a su vez permita que el Estado Mexicano, en un caso de emergencia, pueda actuar para proteger el orden, el estado de derecho y la legalidad.
Dejar en el limbo esta ley representa evadir una realidad incuestionable.
Además, debemos fortalecer a nuestras instituciones, para que dejen de ser el recurso de quienes gobiernan para darle legalidad y legitimar sus intereses personales. Por tanto, debemos defenderlas y perfeccionarlas.
¿Usted cómo lo ve?
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