La forma en que se ha conducido la PGR últimamente debe generar preocupación. El caso de las 1,500 cajas de seguridad confiscadas en Cancún a ciudadanos de esa localidad, muestra a la SEIDO como una institución que con tal de llevar a cabo sus objetivos, es capaz de pasar por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, principalmente del derecho a la propiedad privada, que es fundamental como garante de la legalidad.
Si para investigar hechos delictivos no les importa afectar a ciudadanos honorables, entonces está rompiendo el sustento moral que debe respaldar al ejercicio de la autoridad. Para una institución encargada de impartir justicia, esto destruye la legitimidad moral.
Si para investigar el contenido de unas cajas de seguridad atropellan los derechos de terceros con total autoritarismo e impunidad, solo hay que imaginar cómo deben estar investigando delitos vinculados con violencia. Posiblemente estén violando derechos humanos y torturando a sospechosos para obtener información, como práctica cotidiana.
Por tanto, considerando la forma en que ha manejado la PGR este caso, propiciando el escándalo sin siquiera inmutarse, entonces podríamos sospechar que se trata de una estrategia para distraer la atención pública respecto a otros casos, muy graves, que corresponden a investigaciones judiciales detonadas en el extranjero, como lo es el juicio que se sigue en Brasil a ejecutivos de la empresa Odebrecht por sobornos pagados a funcionarios de varios países, entre los cuales destaca México.
Recordemos que el testimonio de altos funcionarios de Odebrecht reconoce que en 2012 se entregaron diez millones de dólares a Emilio Lozoya Austin, quien después fue nombrado director general de PEMEX , así como los señalamientos de la Universidad de Texas contra dos gobernadores de Coahuila, acusaciones que la PGR simplemente ha ignorado, quizá para proteger a los funcionarios mexicanos acusados.
No olvidemos que esta acusación contra Lozoya fue la que propició la destitución del titular de la FEPADE, Santiago Nieto, dejando abierta la sospecha de que con esta expulsión se bloqueaba la investigación que bajo su dirección estaba en curso.
Viendo esta actitud de la PGR, que parece voltear hacia otro lado en casos incómodos para este gobierno, ignorando las acusaciones contra funcionarios cercanos al actual círculo del poder, nos lleva a suponer que el vergonzoso caso de las cajas de seguridad decomisadas en Cancún, no es mas que un distractor para que nos olvidemos de los casos de corrupción realmente importantes, que no quieren investigar.
Por más que existe la intención del actual gobierno de sensibilizar a la ciudadanía respecto a su compromiso para erradicar la corrupción, así como combatir la impunidad en la impartición de justicia, lo cual queda de manifiesto en los discursos oficiales y en las campañas transmitidas principalmente por televisión, las acciones muestran lo contrario. Las buenas intenciones son retóricas, pues parece ser que en la realidad cotidiana no existe la voluntad de llevar hasta sus últimas consecuencias el combate a estas prácticas delictivas que ponen en riesgo al Estado de Derecho.
¿Usted cómo lo ve?
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