El surgimiento de este grupo armado que se hace llamar “Los justicieros de Irapuato” y prometen acabar con la delincuencia, reconfirma la existencia de un grave problema social: ante la falta de compromiso de los tres niveles de gobierno con la seguridad y la justicia, hay ciudadanos que asumen su derecho a protegerse a sí mismos y a su comunidad, e incluso a impartir justicia.
De este modo surgen los linchamientos de supuestos delincuentes en comunidades apartadas, donde lo mismo se castiga con violencia salvaje a un verdadero delincuente, que se crean fenómenos de psicosis colectiva y se agrede hasta la muerte a inocentes confundiéndolos, como sucedió con el linchamiento de dos encuestadores de una empresa de marketing en Ajalpan, Puebla, en octubre del 2015, o con el caso de los tres policías acontecido en octubre del 2004 en Tláhuac, a partir de que según declararon algunos vecinos del lugar, una señora cuyos hijos vendían droga y sabiendo que los policías venían por ellos, instigó a la población diciendo que eran secuestradores.
También en este panorama podemos incluir el caso de los justicieros solitarios que han matado a ladrones en autobuses durante un asalto, entre otros casos más, nos revela una problemática minimizada por las autoridades. La inseguridad es de tal magnitud que rebasa la lógica. Sin embargo, ya nos acostumbramos a ella y no nos espanta hasta que nos impacta cerca de la familia o amigos.
Sin embargo el caso de los “justicieros de Irapuato” es muy significativo puesto que subieron a las redes sociales la imagen de dos delincuentes torturados por ellos y la amenaza de hacer lo mismo a muchos más.
Al proyectar la imagen de protectores de la sociedad y que realizan lo que no quieren hacer las autoridades, o sea limpiar de delincuentes la ciudad, pueden realizar una campaña solicitando a la ciudadanía aportaciones económicas voluntarias.
Las autoridades guanajuatenses hablan de que todo esto es un montaje para hacer dinero.
Todo lo anterior nos muestra que cuando no existe un compromiso auténtico de las autoridades para combatir al crimen organizado, surgen fenómenos sociales que se salen de control y podrían complicar la inseguridad.
En un país centralista como el nuestro, aunque hayamos rebasado supuestamente el modelo presidencialista, la influencia de los presidentes de la república continúa siendo determinante, aunque supuestamente hoy ya esté acotada por el sistema democrático que vivimos.
Los grandes recursos económicos que de un modo u otro maneja o en los que influye la Presidencia de la República y su capacidad de negociación, marca tendencias y domina la agenda pública. Por tanto, mientras falte sensibilidad social en Los Pinos, toda la maquinaria gubernamental en los tres Poderes de la Unión, o sea en el ámbito gubernamental federal, estatal y municipal, así como en el ámbito legislativo y en el judicial, seguiremos viendo la extraña mezcla de indiferencia e irresponsabilidad, o incluso en muchos casos contubernio con la delincuencia e intereses económicos en las labores de seguridad pública y en la impartición de justicia en toda la estructura de la administración pública.
Al margen de las lamentaciones, debemos entender que no podemos centralizar las críticas al presidente Peña Nieto, ya que los anteriores a él tampoco tuvieron una preocupación auténtica y humana sobre la inseguridad y la justicia, más allá de la manipulación mediática de la lucha contra el crimen organizado y por ello debemos pensar en qué perfil de presidente queremos tener a partir del 2018 y con qué atributos.
Quizá debiésemos considerar que estamos urgidos de un presidente obsesionado con la seguridad y la justicia y por ello debemos exigir que éste sea el eje de su mandato.
Debemos entender que el impacto de la inseguridad es amplio, pues la economía va ligada con la seguridad. El cobro del “derecho de piso” desestimula el deseo de invertir en hacer crecer los negocios pequeños y si añadimos la delincuencia y secuestros a empresarios, es un freno a la inversión por parte de los grandes corporativos. El turismo también se ve afectado por la inseguridad.
Ya lo decía el expresidente Ernesto Zedillo cuando definía que lo prioritario es la seguridad.
Necesitamos mandar a los candidatos presidenciales del 2018 el mensaje de que la seguridad es todo.
¿Usted cómo lo ve?
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