Nada describe mejor el estado de vulnerabilidad e indefensión que vivimos los mexicanos frente a cualquier autoridad judicial que el caso de las indígenas otomíes Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes fueron encarceladas sustentándose el proceso en mentiras inverosímiles: ¿Cómo podrían tres indígenas otomíes haber secuestrado sin tener armamento a seis agentes de la AFI (agencia Federal de Investigaciones), seguramente armados.
Este acontecimiento sucedido en Querétaro en 2006 refleja una realidad cotidiana en México. Cuando la autoridad judicial se empeña en someter a proceso a alguien, por el motivo que fuere, aún siendo inocente, será encarcelado a partir de mentiras, porque en México mentir no tiene consecuencias, aunque sea en un proceso judicial. Esto nos habla de que estamos indefensos ante los caprichos e intereses de los funcionarios.
De nada sirve que el procurador general de la república Raúl Cervantes haya realizado un gran evento público de ofrecimiento de disculpas y exoneración, que no deja de ser una simulación, si esto no sirve para enfrentar este problema desde la raíz.
A la cárcel debieran entrar ahora los seis agentes de la AFI, que seguramente aún siguen trabajando en la PGR y son encubiertos por la institución que no ha dado a conocer sus nombres, pero mintieron para sustentar la acusación no sólo de secuestro, sino también de venta de droga, así como el agente del ministerio público que también mintió sabiendo que era insostenible la acusación y el juez que les aplicó una sentencia de 21 años de cárcel.
Si todos ellos no enfrentan un juicio por haber mentido de forma descarada, este evento público sigue siendo una simulación cursilona, con una dramática actitud simulada de arrepentimiento, que sólo sirve para que todo siga igual y miles de mexicanos sigan siendo llevados a las cárceles por no dejarse extorsionar por policías, agentes, personal del ministerio público e incluso jueces.
Debemos recordar que si ellas fueron liberadas fue porque los noticieros de televisión descubrieron lo absurdo de este proceso y lo hicieron público nacionalmente, lo que generó un fenómeno de opinión pública que motivó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pronunciarse.
Si no hubiese participado la televisión, ellas aún estarían cumpliendo su condena de 21 años en un caso absurdo de impunidad, corrupción y mentiras y más mentiras.
Se reporta que ellas protestaban el 26 de marzo del 2006 porque los agentes de la AFI habían llegado a este municipio de Amenealco a extorsionar a los comerciantes del tianguis. Por tanto, este montaje de la AFI en contra de estas tres mujeres líderes fue en venganza. Una venganza que constituyó una aberración jurídica que hoy sigue en la impunidad aún con las disculpas del procurador Raúl Cervantes y el montaje teatral televisado.
Si el Congreso no legisla para convertir a las mentiras externadas durante una averiguación previa o un proceso judicial en un delito grave, todo nuestro sistema de justicia no tiene sustento. Seguirán encarcelados inocentes y libres verdaderos culpables.
¿Por qué no se han manifestado los legisladores para poner candados a los procesos y combatir la impunidad?.
El primer obstáculo para poder impartir justicia de verdad, es que mentir siendo funcionario público no tenga consecuencias. Seguramente en el mundo sólo los países subdesarrollados socialmente como lo es el nuestro, aunque seamos una potencia económica, permiten a sus funcionarios mentir en un proceso judicial, ser descubiertos y no ir a parar a la cárcel. Éste es el origen de la impunidad.
La mentira en México es parte de los códigos cotidianos de relacionamiento. Mentimos para esconder nuestras debilidades y errores. Mentimos para justificar llegar tarde a una cita o al trabajo, así como para evadir conflictos, e incluso, simplemente por hábito. Los mexicanos somos mentirosos crónicos y lo aceptamos como parte de nuestra cultura cotidiana.
Sin embargo, una mentira en el ámbito de nuestra vida privada es algo que atañe sólo a nuestro ámbito moral muy personal.
Una mentira en el ámbito jurídico deja de ser asunto personal para convertirse en público.
Mentir en un proceso judicial debe convertirse en un delito de graves consecuencias que debe castigarse con cárcel sin derecho a fianza.
El caso de Jacinta, Alberta y Teresa debe convertirse en un precedente para legislar y erradicar este grave vicio judicial.
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