PESOS Y CONTRAPESOS
En el primer discurso que pronunció AMLO después de las elecciones, dirigido principalmente a inversionistas y empresarios, se comprometió (porque así es como hay que considerar lo que dijo, como un compromiso) a no expropiar, a respetar la libertad para emprender, a respetar la autonomía del Banco de México, y a mantener finanzas públicas sanas, todo lo cual es indispensable para apuntalar la competitividad del país, su capacidad para atraer, retener y multiplicar inversiones directas, de las que depende la producción de bienes y servicios, la creación de empleos, la generación de ingresos. Hoy centro la atención en el primer compromiso, no expropiar.
En un país en el cual el derecho a la propiedad privada, incluida la de los medios de producción, esté plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado, que el próximo presidente de la república se comprometa públicamente, frente a los medios de información, a no expropiar resultaría ridículo. ¿Por qué? Por lo dicho: el derecho de propiedad está plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado, algo que en México no sucede, y no por lo que se dice en el artículo 27 constitucional, en el sentido de que “las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”, sino por lo que el 28 constitucional hace posible, algo que muchos ignoran o pasan por alto.
Para no hacer el cuento largo, tal y como están las cosas, hoy basta y sobra que el Congreso de la Unión expida una ley, en la cual se diga que éste o aquel sector de la actividad económica es considerado estratégico, para que el mismo deba ser expropiado, dado que, según la misma Constitución, dichos sectores deben estar en las manos exclusivas del Estado, que para todo efecto práctico es el gobierno en turno.
Lo anterior quiere decir que el derecho de propiedad sobre los medios de producción, en México, no está, ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado, lo cual es gravísimo por lo ya dicho y que repito: basta y sobra que el Congreso de la Unión expida una ley, en la cual se defina como estratégica alguna actividad económica, para que la misma deba ser expropiada.
El marco institucional de la economía mexicana, ¡comenzando por la Constitución!, no reconoce plenamente, ni define puntualmente, ni garantiza jurídicamente, el derecho de propiedad privada sobre los medios de producción, mismos que, de manera legal, pueden ser expropiados arbitrariamente, es decir, no por motivos de utilidad pública, sino por considerarlos estratégicos, algo muy distinto: lo estratégico no se identifica con la utilidad pública.
Si AMLO cambiara de opinión, y con la coalición Juntos Haremos Historia siendo mayoría en el Congreso, podría expropiar. La amenaza no está en la intención de algún político sino en el artículo 28 constitucional.
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