Éticamente es justo el respeto a los derechos. Económicamente es eficaz lo que minimiza la escasez y maximiza el bienestar. Para lograr la eficacia (economía) se requiere de la justicia (ética), binomio que es la esencia de la economía de mercado en el sentido institucional del término, en la cual los derechos de los agentes económicos, desde productores hasta consumidores, están plenamente reconocidos, puntalmente definidos y jurídicamente garantizados, algo que no sucede en México. Pongo un ejemplo.
En México basta y sobra que el Ejecutivo Federal proponga cobrar más impuestos, y que el Poder Legislativo lo apruebe (el primero propone y el segundo dispone), para que paguemos más impuestos, lo cual quiere decir, en primer lugar, que la discrecionalidad del gobierno (poderes Ejecutivo y Legislativo), para decidir qué impuestos cobrar, a qué tasa cóbralos, y a quiénes cobrárselos, es total y absoluta. En segundo lugar, consecuencia de lo anterior, quiere decir que el derecho de propiedad privada sobre los ingresos (cualquier impuesto se paga, directa o indirectamente, con el ingreso de los contribuyentes), no está, ni plenamente reconocido, ni puntalmente definido, ni jurídicamente garantizado, algo propio del Estado de chueco, antítesis del Estado de Derecho.
Lo anterior significa que los empresarios, de quienes dependen las inversiones directas (de las que dependen la producción de bienes y servicios, la creación de empleos, la generación de ingresos y el bienestar), enfrentan la posibilidad de que se les cobren más impuestos (o porque se eleve la tasa de los que ya les cobran, o porque se les cobren nuevos, o porque se eleve la tasa de los que ya les cobran y se les cobren nuevos), inseguridad jurídica (eso es, inseguridad jurídica, una de las peores), que le resta competitividad a la economía, definida como su capacidad para atraer (que los empresarios decidan invertir directamente), retener (que los capitales invertidos directamente se queden invertidos directamente), y multiplicar (que la utilidades generadas por los capitales invertidos directamente se reinviertan de manera directa en el país), inversiones directas.
La total y absoluta discrecionalidad del gobierno a la hora de cobrar impuestos es injusta porque, por su obra y gracia, el derecho de propiedad privada de los contribuyentes, comenzando por los empresarios, no está ni plenamente reconocido, ni puntalmente definido, ni jurídicamente garantizado, injusticia ética que causa ineficacia económica: no contar con todas las condiciones necesarias y suficientes para atraer el mayor volumen posible de inversiones directas, nacionales y extranjeras, con el fin de lograr la mayor producción posibles de satisfactores, condición indispensable para minimizar la escasez y maximizar el bienestar.
¿Cuánta más inversión directa no captaríamos en México si se eliminara la total y absoluta discrecionalidad del gobierno para cobrar impuestos? Y si captáramos la mayor cantidad posible de inversión directa, ¿cuánto mayor no sería la producción de bienes y servicios, la creación de empleos y la generación de ingresos? ¿Cuánto más se minimizaría la escasez y cuánto más aumentaría el bienestar?
¡Cuánta más eficacia no tendríamos si tuviéramos justicia!
