Progreso económico (2/10)

El problema económico de fondo es la escasez, el hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis, problema que nunca resolveremos: nunca viviremos en un mundo en el cual todo alcance para todos, en las cantidades que cada uno quiera, y mucho menos gratis. Pero lo que sí hemos logrado de manera espectacular, sobre todo en los últimos cuatro siglos, de la Revolución Industrial a la fecha, es minimizar la escasez y, contrapartida de ello, maximizar el bienestar, que depende, en buena medida, de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que se dispone para satisfacer necesidades, cantidad, calidad y variedad que nunca antes habían alcanzado las dimensiones de hoy, consecuencia del progreso económico, definido como la capacidad para producir más (dimensión cuantitativa), y mejores (dimensión cualitativa), bienes y servicios, para un mayor número de gente (dimensión social).

Para minimizar la escasez deben cumplirse ciertas condiciones, unas por el lado la oferta, otras por el lado de la demanda, y otras más por el lado del poder adquisitivo del dinero, mismas que tienen que ver con el marco institucional de la economía, sobre todo con las normas jurídicas.

Por el lado de la oferta se requiere, uno, que se produzca y ofrezca la mayor cantidad posible de bienes y servicios, y, dos, que lo producido se ofrezca al menor precio posible.

Por el lado de la demanda, dado que la mayoría de los bienes y servicios requeridos para satisfacer necesidades hay que comprarlos, para lo cual hay que pagar un precio, para lo cual hay que generar ingreso, se requiere el mayor ingreso posible, ingreso que es el producto del trabajo.

Por el lado del poder adquisitivo del dinero se requiere que éste aumente, es decir, que con la misma cantidad de dinero, al paso del tiempo, pueda comprarse una mayor cantidad de los mismo bienes y servicios. Se requiere deflación.

El cumplimiento de estas condiciones supone al Estado de Derecho y, por ello, a la economía de mercado en el sentido institucional del término, que es la aplicación del Estado de Derecho en el ámbito de la economía.

El Estado de Derecho es el gobierno de las leyes justas (lo propio del ser humano es estar gobernado por leyes, no por hombres, por más que sean los hombres quienes hagan las leyes), siendo tales las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas, tanto los naturales, con los que la persona es concebida, como los contractuales, los que la persona adquiere voluntariamente por así haberlo acordado con alguien más.

La economía de mercado, en el sentido institucional del término, es aquella en la que los derechos de los agentes económicos, a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y para demandar, comprar y consumir, así como a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender, y sobre los ingresos necesarios para poder demandar, comprar y consumir, están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados, todo lo cual implica al Estado de Derecho, que en realidad, como ya veremos más adelante, es Estado de Justicia, de respeto a los derechos de los agentes económicos.

Continuará.