En el Paquete Económico 2024, la autoridad fiscal propone que los ahorradores paguen un mayor impuesto por los intereses que obtienen, un gesto más de desesperación por cumplir las metas de recaudación en 2024, cuando enfrentará un elevado déficit público, que –de entrada– planea contrarrestar disparando más la deuda.
Recuerde que nada es cosa menor si afecta nuestros bolsillos, y esta medida podría tener un impacto significativo en los inversores de Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) y otros bonos en México.
Si la iniciativa que le comento logra el aval del Congreso de la Unión, la tasa de retención anual para el ejercicio 2024 ascendería al 1.48 por ciento, un aumento drástico (de 8.6 veces) en comparación con el 0.15 por ciento aplicado en 2023 y muy alejada del modesto 0.08 por ciento de 2022.
Para justificar la subida, el gobierno argumenta que busca una recuperación (o una tajada) de la elevada tasa real de interés que están obteniendo los inversores (tasa que es la resultante de restar al rendimiento bruto el porcentaje de inflación). Y dado que se espera que el próximo año los rendimientos se mantengan históricamente elevados, pero que la inflación baje más, el rendimiento real seguiría aumentando, razón por la que el fisco le ha puesto el ojo encima a los bonos.
Ahora bien, todo esto no significa que hay que retirar ya nuestras inversiones en cetes, bonos, pagarés, etcétera.
Es cierto que cada mes que se perciben rendimientos hay una retención como pago provisional del ISR, pero vale recordar que al momento de presentar la declaración anual, los inversores podemos solicitar una devolución, minimizando así el efecto sobre nuestros ahorros e inversiones.
Huele a desesperación
Como sea, la medida sí es una señal de desesperación por parte del gobierno ante el elevado déficit público y el crecimiento de la deuda esperados para 2024. Buscan sacar dinero “hasta por debajo de las piedras”, porque ya se acabaron todos los “guardaditos” acumulados en sexenios anteriores.
Nuestro amigo el especialista y catedrático Macario Schettino lo expone de manera contundente en su columna de El Financiero, donde presenta una visión negativa de la situación fiscal de México, que vale la pena mencionar:
- Ocurrencias presidenciales y costos elevados. Las decisiones presidenciales relacionadas con grandes proyectos de infraestructura, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Refinería Olmeca en Dos Bocas y el Tren Maya, han tenido un costo sustancial.
Schettino calcula que cada una de estas ocurrencias costará alrededor de 25,000 millones de dólares, lo que se traduce en una considerable carga financiera para el país, y el presupuesto para 2024 parece confirmar estas estimaciones. El propio secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ha admitido que el Tren Maya costará 500,000 millones de pesos, en lugar de los 150,000 millones cuantificados al inicio. Un ejemplo de la mala planeación y del derroche, sin contar con que requerirá recursos públicos continuos sólo para funcionar.
- Crisis fiscal. México está al borde de una crisis fiscal debido al agotamiento de los ahorros de décadas y al aumento de la deuda pública. Las proyecciones indican que el país podría enfrentar un déficit del 5.4 por ciento del PIB para 2024 o incluso más, lo que plantea un desafío significativo para las finanzas públicas y la estabilidad económica.
- Dificultad para retornar a la estabilidad. Superar el umbral del 5 por ciento del PIB en déficit fiscal puede ser problemático, pues una vez cruzado ese límite, regresar a una situación fiscal más sólida sería complicado. Hacienda dice que en 2025 será fácil controlar el déficit, pero esto implicaría no invertir en nuevos proyectos, lo que podría frenar el crecimiento económico.
- Deuda y margen de endeudamiento. Lo crítico no es sólo la relación de la deuda con el PIB, sino con los ingresos del gobierno, y en este caso, México recauda alrededor del 20 por ciento del PIB, lo que limita su margen de endeudamiento. Para 2024, la deuda pública representará aproximadamente 2.5 años de ingresos, acercándose al tope considerado seguro en economía, que es de tres años.
- Riesgo de pérdida del grado de inversión. Existe la posibilidad de que México pierda su grado de inversión soberana si las finanzas públicas no se estabilizan. Esto tendría consecuencias negativas, ya que aumentaría el costo del financiamiento tanto para el gobierno como para las empresas, lo que podría afectar a la economía en general.
