A principios de julio una de las calificadoras más importantes del mundo recortó la nota soberana de México, citando la política fiscal del gobierno como uno de los principales riesgos en lo que se tenía que prestar atención. Las cifras de la secretaría de Hacienda al primer semestre del año ya dan señales de preocupación y anticipan la inevitable crisis a la que nos acercamos cada día más.
Al respecto hemos escrito y comentado diferentes analistas desde hace no poco tiempo.
Macario Schettino, por ejemplo, escribió la semana pasada en su columna en El Financiero que la crisis fiscal que había advertido desde hace meses hoy parece ser una realidad, una situación que el gobierno de Lopez Obrador quiere encubrir con políticas de falsa austeridad (la llamada “pobreza franciscana”).
Macario destacó que desde hace algún tiempo especialistas ya veían venir una crisis fiscal al país, pero en lo que no se ponían de acuerdo era en la fecha en que esto ocurriría. En su opinión, ya estamos en esa crisis fiscal, aunque para algunos no sea evidente todavía.
Y es que las estadísticas más recientes de Hacienda, disponibles al mes de junio, revelan lo siguiente:
- En 2022 se estima que el déficit público alcanzará un nivel de 3.8 por ciento del PIB, mayor al 3.5 por ciento previsto originalmente.
- La deuda total del país se ubicó en un nivel de 45.7 por ciento del PIB a junio de 2022 y la perspectiva es que suba a 48.8 por ciento, según la propia secretaría.
“Mi conclusión es que la crisis fiscal no ocurrirá en el futuro próximo. La crisis fiscal ya está con nosotros. Nada más falta que lo reconozcamos, pero ya no hay salida”, escribió Schettino, advirtiendo que una crisis fiscal ocurre cuando el déficit en las finanzas públicas supera claramente el 3 por ciento del PIB, tal como se espera que sea de 3.8 por ciento del PIB al cierre de 2022, con una trayectoria creciente en el tiempo.
Schettino explica que México tiene una deuda pública muy cercana al límite razonable debido a su pobre nivel de recaudación, por lo que en tres años con ese nivel de déficit se complicaría el escenario. Es cierto.
“En los últimos 18 meses hemos estado muy cerca de 3 por ciento (déficit público), pero aparentemente sin problema. La razón, sin embargo, es una contracción extraordinaria en el gasto del gobierno”, indica.
Para llegar a esa conclusión Macario consideró el gasto programable del gobierno federal, descontando el pago de las pensiones y las transferencias que el gobierno hace a Pemex. Con este ajuste, ese gasto entre 2000 y 2018 promedió 10 por ciento del PIB, lo que es bastante pequeño para ofrecer educación, salud y seguridad pública de calidad en un país tan grande como México. Ahora, ese gasto al primer semestre de 2022 está en 9.1 por ciento del PIB.
Es decir: la “pobreza franciscana” no es más que un mero eufemismo para lo que simple y llanamente es quitarle presupuesto a las prioridades de la gente (más y mejores servicios públicos, seguridad, educación, salud, infraestructura, etc.) con el fin de destinarlo a las ocurrencias ideológicas del presidente: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el “salvamento” de dos empresas quebradas (Pemex y CFE), la “ayuda humanitaria” a Cuba, etc.
Así, para poder derrochar en lo que a López Obrador le parece mejor, el gobierno ha reducido el gasto de Agricultura en 40 por ciento; de Comunicaciones y Transportes en 60 por ciento; de Economía en 80 por ciento; Justicia en 15 por ciento; en Seguridad Pública en 35 por ciento; Educación en 12 por ciento, mientras los presupuestos para Energía, Trabajo, Bienestar y sus proyectos “estrella” siguen creciendo.
En la opinión de Schettino, el gobierno tiene dos opciones para recuperar el gasto: eliminar las transferencias (regalos de dinero que hace) a Pemex o ser “transparente” con el déficit, que estaría rondando el 4 por ciento del PIB. Nada de eso sucederá.
Así las cosas el problema es muy grave porque en primer lugar AMLO jamás quitará presupuesto a Pemex y de hecho a ninguno de sus proyectos personales por más inviables e insostenibles que sean financieramente. Y en segundo lugar, reconocer el déficit haría que se perdiera el llamado “grado de inversión”.
Eso último de hecho ya es irrelevante.
Como hemos advertido en este espacio, las calificadoras suelen estar equivocadas por pecar de conservadoras a la hora de prevenir sobre los riesgos reales de los emisores a los inversionistas. México de hecho, ya debería estar por sus debilidades estructurales de finanzas públicas en “grado basura”, lo que indica alto riesgo para los inversionistas, a pesar de que las calificadoras le vean inexplicablemente una perspectiva “estable”.
Como concluye Macario: “Sin hacer nada, simplemente por las pensiones, las deficiencias de Pemex y CFE, el gasto estructural, la inercia y el impacto de tasas de interés crecientes, el déficit público sería de 5 por ciento para 2023 y de casi 6 por ciento para 2024, simplemente manteniendo un gasto programable equivalente al promedio de 2000 a 2018”.
Es en este contexto que quienes sigan confiando en el “buen rumbo” económico del país cometen un serio error.
Si bien quien esto escribe discrepa en que la crisis fiscal “ya está aquí”, sí debemos decir que es inevitable y como tal, la “bomba” no estallará a los ojos de todos cuando ya sea demasiado tarde.
Si tiene la edad suficiente para recordar lo que ocurrió en el triunfalista sexenio de Carlos Salinas de Gortari, piense en lo que sucedió después (la gran crisis económica que detonó el llamado “efecto Tequila”) y tendrá una idea de lo que nos espera.
Esto incluye a los inversionistas que sigan apostando su capital en activos nacionales denominados en pesos. No sea uno de ellos y busque refugio, o verá su patrimonio esfumarse entre las manos en los próximos años. El momento de prepararse es YA, no cuando el dólar esté en nuevos máximos históricos y ya sea tarde.
