Como si no bastara con la creciente turbulencia financiera global, México enfrenta otro grave desafío, ya que un mayor apoyo (derroche) económico del gobierno federal a Petróleos Mexicanos (Pemex) podría resultar en recortes a su calificación crediticia soberana, llevándola a niveles de “bono basura”, lo que plantea serias preocupaciones sobre la capacidad del país para administrar su deuda de manera sostenible.
Siguiendo los pasos de la Unión Americana, que recién sufrió una rebaja en su calificación crediticia, ahora las señales de alerta se dirigen a nuestro país, luego que la influyente agencia calificadora Fitch Ratings emitiera una seria advertencia en torno de la ayuda financiera gubernamental a esa empresa productiva del Estado y su potencial impacto en la deuda soberana de la nación.
El caso es que el estatus de Pemex como un activo neto o un pasivo para el país depende en gran medida del nivel de soporte financiero que el gobierno esté dispuesto a (o pueda) proporcionarle.
Y aquí los números son relevantes, pues resulta que los ingresos de la hacienda pública procedentes del petróleo han experimentado una drástica caída al pasar del 44 por ciento en 2008 a un promedio del 10 por ciento en los últimos cinco años, un declive que ha impactado negativamente en las finanzas del gobierno federal, reduciendo aún más su margen de maniobra para afrontar desafíos económicos.
Así podemos entender mejor por qué Fitch Ratings señala que si el apoyo gubernamental a Pemex supera los ingresos provenientes del petróleo, sin un avance significativo en la situación financiera de la compañía, podría tener consecuencias negativas para la deuda soberana de México. Una simple cuestión de sumas y restas.
Si bien se espera que el gobierno continúe brindando al menos 15,000 millones de dólares anuales de ayuda a Pemex, los desafíos persistentes en términos operativos, financieros y de deuda de la empresa podrían requerir un mayor respaldo en el futuro.
De ahí que la calificadora enfatice que el impacto crediticio de ese respaldo adicional dependerá de la manera en que el gobierno –en respuesta– maneje sus propias finanzas.
Es ahí donde está el problema, pues el gasto corriente en esta administración se ha disparado lo mismo que el dispendio de recursos en megaproyectos inviables y financieramente no autosostenibles (Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, AIFA, Corredor Interoceánico, etc.).
Una preocupación más tiene que ver con la falta de visibilidad de los aspirantes presidenciales en las agendas política y energética, especialmente en un período electoral como el que se avecina en 2024.
La incertidumbre sobre posibles reformas fiscales para aumentar los ingresos agrava aún más la situación, lo que podría limitar la capacidad del próximo gobierno para abordar los desafíos financieros de manera efectiva.
Un patrón que no se limita a Pemex…
